Los derechos fundamentales de todo ser humano (La sanidad, la educación, la justicia, el derecho a una vivienda digna, a sacar adelante a una familia, a aspirar a una justicia real, accesible y gratuita...), nunca deberían ser objeto de negocio, especulación o privatización. Si un gobierno gestiona mal, cámbiese el gobierno. Pero que no se utilice la rentabilidad como argumento para el saqueo de los bienes públicos. Los derechos no tienen precio, ni son negociables.